• Tania Madriaga Flores

Apruebo transformar

Actualizado: 17 ago

El proceso constituyente en Chile, ha cumplido un hito con la presentación de la propuesta de nuevo texto constitucional. La convención, en tanto órgano democrático, electo con paridad, escaños reservados e independientes, con un quorum de dos tercios para la toma de decisiones, cumplió su tarea en el plazo de un año. Se abre así una nueva etapa de cara al plebiscito de salida, en el que la ciudadanía deberá pronunciarse a favor o en contra. Ambas opciones, hoy en disputa y en plena campaña, en ningún caso cierran el proceso constituyente sino que abren dos cursos distintos frente al desafío de transformación que atraviesa la sociedad en su conjunto, ya que la actual constitución no goza de la legitimidad mínima para continuar rigiendo y la nueva tiene el desafío de la implementación.

Las movilizaciones de fines del año 2019, pusieron en el centro del debate público las profundas deudas del sistema neoliberal con el bienestar prometido a la población, dejando al descubierto el malestar que la transición de los noventa fue incubando en millones de personas. Por lo tanto, lo que esta en cuestión es el modelo de sociedad: ¿Cuánto cambiar, reformar o mantener? Son posiciones en disputa sostenidas por distintas actorías, en el marco de un debate constitucional y un proceso constituyente que excede a la convención constitucional.


Desde nuestra posición, situadas del lado de las demandas sociales, territoriales, feministas, ambientales, de derechos humanos y de democracia participativa para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos, nos enfrentamos a los defensores del neoliberalismo chileno, que entendemos como una de las variantes más avanzadas del capitalismo en uno de los países periféricos, utilizado de laboratorio.


Los cuestionamientos a nivel de diagnóstico son múltiples, entre ellos: la desigualdad, el endeudamiento y financiarización de la vida, la mercantilización de los derechos sociales, el permanente riesgo de las mayorías de estar en o bajo la línea de la pobreza, la explotación de la naturaleza y trabajadores y trabajadoras, la segregación excluyente, la corrupción, la democracia representativa anti popular, la perdida de soberanía a manos del gran capital internacional, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, entre otras.


Este conjunto de dimensiones, entraron a la discusión de la convención constitucional en la voz de los y las convencionales, las organizaciones políticas y de las organizaciones sociales y personas de diversos territorios y sectores que se involucraron en los mecanismos de participación popular e indígenas. Se trató entonces de un proceso complejo, en medio de una crisis, que compromete también a los actores que la protagonizan.


Se debió pasar de la critica a la propuesta en un año y enfrentar las resistencias al cambio de los actores conservadores. Sin embargo, dada la composición del organo, en el nuevo texto lograron quedar plasmadas un conjunto de propuestas en distintas dimensiones, que de ser aprobadas representarán avances transformadores frente a las barreras de la política excluyente del Chile neoliberal de los 30 años.


Respecto al carácter del Estado se trata de una constitución que instala un Estado social y democrático de derecho. Plurinacional, regional, intercultural, ecológico, que mandata la protección y garantía de derechos humanos individuales y colectivos. Declara los derechos fundamentales como inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y garantiza los derechos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social, como parte de un amplio catálogo. Garantiza el trabajo decente y su protección, asegurando el derecho a una remuneración justa y suficiente y el derecho a la negociación colectiva ramal, sectorial y territorial. Afirma que la justicia se ejerce en nombre de los pueblos. Se instala la Defensoría del Pueblo, de la Naturaleza y se hace cargo de la defensa de las víctimas a través del servicio integral de acceso a la justicia.


Como marco de funcionamiento del sistema político reconoce la democracia participativa, deliberante, comunitaria, paritaria e instala mecanismos de democracia directa, superando la concepción restrictiva de la democracia entendida sólo como representación. Junto con ello, amplía el derecho a voto de los y las jóvenes desde los 16 años y garantiza la participación a mujeres, pueblos originarios, disidencias sexogenéricas, personas en situación de discapacidad, al pueblo tribal afro descendiente y a los chilenos y chilenas en el exterior. Con el objeto de fortalecer la deselitización del poder, el fin del senado da paso a la Cámara de las Regiones que es un órgano de representación regional, cuyos miembros deberán rendir cuenta ante las asambleas regionales.


Sobre las demandas de los grupos oprimidos e históricamente excluidos, se reconoce el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a una vida libre de violencia y valora el trabajo doméstico y de cuidados como actividades económicas indispensables para el desarrollo de la sociedad. Reconoce también el derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones preexistentes, la interculturalidad, el plurilingüismo, el derecho al territorio y el pluralismo jurídico. Asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y reconocimiento, con respeto a la diversidad, la inclusión social.


Propone un rol económico al Estado orientado por la solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. Propone impedir la especulación y sanciona los abusos de los mercados, asegurando la protección de los consumidores. Se garantiza el derecho a la propiedad sobre toda clase de bines y se reconoce la libertad de desarrollar actividades económicas, protegiendo a las empresas de menor tamaño. Asegura la soberanía alimentaria, el comercio justo, fomenta la agricultura campesina, la pesca artesanal, los mercados locales, las ferias libres, los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad.


Declara que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático y que es deber del Estado erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. Garantiza el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Afirma que todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. La política de seguridad considera tanto la prevención, como la persecución y sanción de los delitos y la reinserción. Define a las policías como instituciones no militares que deben actuar respetando los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas, con respeto a los derechos fundamentales.


Garantiza los derechos de la naturaleza, proponiendo enfrentar el cambio climático. Declara que los bienes comunes naturales son componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia, declarando su inapropiabilidad en casos como el agua y declara también que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica.


En terminos territoriales declara Chile esta conformado por entidades territoriales autónomas, regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas, en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. Platea además, que América Latina y el Caribe son zonas prioritarias en sus relaciones internacionales, comprometiéndose a mantener la región como una zona de paz y libre de violencia; impulsando la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados.


Como se puede leer en este esfuerzo de síntesis, se trata de una propuesta que se hace cargo de distintas dimensiones de la crisis, poniendo de relieve el protagonismo de los pueblos que habitan el territorio, sus derechos y los de la naturaleza. Que busca redefinir el rol del Estado, de manera descentralizada, con protagonismo democrático de quienes producen el territorio, en un marco de integración latinoamericana. Las élites están resistiendo esta propuesta, pues defienden su dominio, sus altas tasas de ganancias y sus privilegios, invitando a la población a seguirlos en el miedo al cambio, sin embargo, conocemos la profundidad de las causas de este proceso, la necesidad de buscar respuestas, el esfuerzo constituyente realizado a lo largo del país y por tanto la necesidad de las mayorías de aprobar esta oportunidad de transformar.

Tania Madriaga Flores,

Socióloga, magister en Ciencias Sociales, ex Convencional Constituyente - Distrito 7, miembro de Territorios en Red.

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