La estrategia de implementación del mercado del hidrógeno es un tema complejo y donde todos los estados quieren ser actores relevantes. Es además un tema que se considera altamente técnico, y por tanto no se discute en matinales ni en las mesas de comer, sino que se deja en manos de expertos para que tomen la mejor decisión por la comunidad.
El hidrógeno es usualmente presentado como un combustible nuevo y ambientalmente limpio porque su combustión da como resultado la formación de agua y, por tanto, es considerado como inofensivo. Sin embargo, primero se debe generar hidrógeno y el nivel de impacto de este dependerá del proceso utilizado. La mayoría del hidrógeno comercialmente disponible hoy proviene del reformado de gas natural con vapor, lo que provocará importantes emisiones de CO2 y, por tanto, genera un daño similar al de la combustión directa de los combustibles fósiles.
Una historia diferente es el denominado “hidrógeno verde”, obtenido a partir de energías renovables, y por tanto ambientalmente limpio durante los ciclos de su generación y combustión, aunque requiere de proyectos de gran escala que se traducen en un significativo impacto ambiental durante el ciclo de vida completo del combustible. Éste fue, de hecho, unos de los puntos álgidos de discusión entre aquellos que participamos de los equipos de trabajo programático, pero si bien no hay dudas de que el popular combustible cumplirá un rol en la matriz energética del futuro, no hay acuerdo respecto de cómo, ni para qué se implementaría la producción del mismo en Chile.
Se puede argumentar que, debido a la menor densidad energética del hidrógeno en comparación con el gas natural (por unidad volumétrica), las pérdidas de energía en su distribución desde un punto centralizado son significativas. Alcanzando el equivalente al contenido energético del 35% del gas, transportado en tan sólo 5 km, mientras que el gas natural sólo requiere un equivalente del 10%, lo que limita la implementación a nivel nacional. En consecuencia, el plantearse una ruta de transición energética basada en hidrógeno introduce implícitamente el desarrollo de una economía del hidrógeno, que debe ir acompañada del desarrollo social integrado y no como como un tema técnico aislado a ser tratado sólo desde la academia. Definitivamente, requiere de una estrategia que considere las particularidades de la realidad chilena.
De hecho, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad se refiere a la transición energética marcando claramente los dos principales focos de atención: la descarbonización y la generación residencial y calefacción distrital. En cuanto a la descarbonización, se plantean 3 medidas de corto plazo (incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas, participación activa de la demanda y reparación socioambiental de zonas de sacrificio) y otras de mediano y largo plazo, en las cuales se destaca con negrillas el reemplazo de combustibles fósiles “mediante la profundización y recalibración de aspectos de la estrategia nacional de hidrógeno verde”, de manera que se puede -de manera descentralizada- agregar valor al recurso para uso industrial en territorio nacional y exportación. Una declaración alineada con muchos de los deseos transformadores que han apoyado este programa. Sin embargo, la explícita declaración de intenciones de “convertirnos en productores y exportadores de hidrógeno verde a precios competitivos”, despierta fantasmas de todo tipo.
En un momento que se siente histórico, en el que el pueblo de Chile parece haber decidido retomar el control soberano de sus recursos, asume un gobierno que a todas luces trae nuevas formas y bajo el paraguas de las esperanzas brinda la discusión constitucional; pero como dijera el Dr. Humberto Maturana: “todo cambia”, y por tanto debemos poner atención a lo que queremos mantener. Este es un punto clave, ya que aparecen dudas respecto de cuáles son las prácticas que lograrán mantenerse a pesar de todo.
Por ejemplo, al hacer el énfasis en la competitividad de los precios se está de una manera u otra apostando a la inherente reducción de los costos productivos. Lo que puede ser contradictorio con la idea de agregar valor, mencionada unas líneas antes, sugiriendo también una estrategia de diferenciación más íntimamente ligada al desarrollo tecnológico y social. Sin embargo, durante la discusión que condujo a la preparación del programa de gobierno hubo dudas aún más profundas. Voces que interpretan aquí la profundización y perpetuación del modelo extractivista ya que, dicho en simple, todas las externalidades negativas (de paneles solares en el norte, aerogeneradores en Patagonia, o proyecto que fuese) quedarán en terreno nacional, mientras los compradores de hidrógeno podrán disfrutar de este combustible libre de emisiones. Un combustible que muy poco probablemente será abiertamente distribuido en Chile, ya sea por las pérdidas de energía en su transporte por cañerías o por las altísimas presiones que requiere para transporte y almacenamiento en cilindros (app 800PSI).
¿Pero, a qué se refiere el extractivismo? Se puede definir -simplemente- como el proceso de extracción de recursos naturales para ser vendidos como mercancías. Sin embargo, en términos prácticos, no es posible hablar de extractivismo sin hacer referencia a la historia geopolítica, económica y social, donde las empresas transnacionales intentan perpetuar el rol que el colonialismo europeo jugó desde hace siglos, saqueando minerales, metales y cualquier otro recurso de alto valor desde América Latina, África y Asia. Este saqueo fue la fuente de recursos con la que contaron las coronas europeas para alcanzar su desarrollo a costa del sacrificio ajeno. Un modelo seguido luego por Estados Unidos, que mientras concentraban riquezas compartían los impactos ambientales con el resto.
Es quizás por la concientización de esta dinámica que el TPP11 ha generado tanto rechazo desde movimientos sociales y políticos en los denominados “países en desarrollo”, donde es percibido como una clara amenaza a la soberanía e independencia en favor de de intereses económicos privados, y en desmedro de los derechos sociales y la libertad de utilizar cualquier modelo de desarrollo que el o los pueblos de los estado-nación decidan consciente y soberanamente.
Se entiende entonces que el TPP11 atenta intrínsicamente contra la posibilidad de los pueblos de Chile para, si así lo desearan, tengan la opción de impulsar empresas estratégicas para el desarrollo nacional que fortalezcan ventajas comparativas, y de este modo permitir a las naciones explotar sus recursos naturales como medio para el crecimiento económico, promoviendo empleo y desarrollo.
¿Entonces cuál es el escenario al que se enfrentará el nuevo gobierno? La respuesta es incierta. La pandemia, boicots de intereses privados, un nuevo período de transición inherente al cambio constitucional limitan la capacidad de acción de un gobierno diferente, pero que por sí solo no puede llevar adelante las transformaciones requeridas, no por capacidad, sino porque no corresponde. Quiero creer que hemos dejado atrás los tiempos de los mesías y los mejores, que nuestra democracia se fortalece con la participación.
De este modo, y más allá del nuevo gobierno y los esperados cambios constitucionales, el pueblo de Chile tiene clara y consciente la decisión de cambiar el modelo, ¿o simplemente cambiaremos el combustible y cómo se ve la tecnología?
Nuestra democracia fue reducida a elecciones cada 4 años, convenciéndonos que muchos temas son netamente técnicos, como los planes de transición energética, pero en realidad son profundamente políticos, y por tanto es necesario que todas las opiniones sean consideradas y es menester propio el formarse una opinión y buscar canales de participación, como las mesas ciudadanas que se realizaron para la construcción del programa de gobierno de Apruebo Dignidad.
Para lograr la construcción de la sociedad que queremos debemos construirla, y como miembro de la comunidad STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por su sigla en inglés) comparto que no debemos sobreestimar a la ciencia y sus métodos, cuando se trata de resolver problemas humanos; por tanto, el derecho de opinar no es exclusivo de “expertos” sino de la sociedad en su conjunto, con todas sus variadas experiencias y perspectivas.
Danilo Perez Flores
37 años
PhD, MsC Ingeniería Química
Fundador y Technology Wizard en Vertus Energy